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Participantes de la Clínica Legal de la Universidad de Alcalá han creado una serie de textos sobre discriminación, incapacidad, discapacidad y seguros, para nuestro blog.

¿Qué es el certificado del grado de discapacidad?

Se trata de un documento administrativo que reconoce a su titular la condición de persona con discapacidad. Se puede utilizar para satisfacer necesidades personales y sociales, facilitando el acceso a determinados derechos y beneficios.

¿Cómo se solicita este grado?

En el departamento de asuntos sociales correspondiente de su lugar de residencia, rellenando un impreso de solicitud y sometiéndose a una revisión médica.

¿En qué consiste la valoración del grado de discapacidad?

Es necesario someterse al examen de un tribunal médico oficial, encargado de emitir un dictamen donde se recogen los informes médicos, psicológicos o sociales necesarios para determinar el grado.

El órgano técnico competente emitirá dictamen propuesta que deberá contener necesariamente el diagnóstico, tipo y grado de la discapacidad. Las pautas de valoración no se centran tanto en el alcance de la enfermedad, como en su efecto sobre la capacidad para llevar a cabo las actividades de la vida diaria. El grado de discapacidad va a depender de la fase en la que se encuentre la enfermedad en el momento de su valoración.

La ley establece la necesidad de alcanzar, como mínimo, un 33% para que se reconozca la condición de discapacidad.

¿Cuándo se revisa el grado de discapacidad?

Cuando pasen dos años desde el reconocimiento del grado de discapacidad, siempre que se constate una mejoría razonable, se acredite error de diagnóstico o se produzcan cambios “sustanciales” en las circunstancias que dieron lugar al reconocimiento de la discapacidad, como un empeoramiento de la situación.

Excepcionalmente, no será necesario que haya transcurrido dicho plazo cuando se acredite suficientemente el error de diagnóstico o se hayan producido cambios sustanciales.

Ante cualquier duda sobre la discapacidad, no dude en remitir su consulta a la Clínica Legal de la Universidad de Alcalá.

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