La Federación Española de Párkinson (FEP), entidad parte del Movimiento Asociativo de COCEMFE, se une a esta Confederación para mostrar su disconformidad ante los recortes que aplicará el Gobierno en la financiación de los proyectos de 2023 de las ONG de discapacidad, así como se establece en la resolución de la convocatoria de subvenciones del tramo estatal del 0,7.
El presidente de COCEMFE nacional, Anxo Queiruga, ha explicado que “ante la reducción que se ha producido en la recaudación de la que provienen los fondos para estas subvenciones, desde COCEMFE y nuestro Movimiento Asociativo entendemos la imposibilidad de mantener las cifras de otros años, pero no que el recorte no sea equitativo y que solo afecte a las organizaciones de personas con discapacidad por segundo año consecutivo”.
“Las entidades de la discapacidad cubrimos, en muchas ocasiones, lagunas asistenciales y eliminamos barreras para el acceso a derechos de protección social. Sin embargo, siempre nos encontramos con muchos obstáculos a la hora de acceder a financiación para nuestros proyectos, algo que impacta directamente en la calidad de vida de las personas con discapacidad”, explica Alicia Campos, directora de la Federación Española de Párkinson.
“Los recortes en financiación que el Gobierno aplicará en 2023 a las entidades de discapacidad pondrán en grave riesgo los proyectos desarrollados por las diferentes entidades y ONG”, ha destacado Queiruga, alertando de “la desaparición de las organizaciones de discapacidad física y orgánica de ámbito estatal si estos recortes se llevan a cabo y no se adoptan medidas para garantizar una financiación estable”.
A juicio de la FEP y COCEMFE, los problemas que dichos recortes pueden generar en la población más vulnerable y, en concreto en las personas con discapacidad física y orgánica, se verán acentuados ante la situación económica actual que está impactando de forma más severa sobre las personas con discapacidad, a lo que se añadirá la destrucción de puestos de trabajo en COCEMFE y su Movimiento Asociativo.
La FEP ve necesario y urgente la búsqueda de una alternativa que garantice la cobertura de la atención de las personas con discapacidad física y orgánica, así como el desarrollo de los proyectos de las entidades de la discapacidad, totalmente necesarios para la atención de estos colectivos.
Más de 1.430.500 personas se beneficiaron de las actividades realizadas el año pasado por COCEMFE y sus 92 entidades, dirigidas a la promoción del desarrollo educativo y profesional, la cohesión social, la coordinación sociosanitaria, la accesibilidad y vida independiente, la innovación social, la investigación en discapacidad, el voluntariado, el fortalecimiento asociativo, la comunicación e incidencia social, la igualdad de las mujeres con discapacidad, y la cooperación para el desarrollo.
“Nuestra labor no puede parar y la apuesta por la inclusión de las personas con discapacidad no es aplazable, tenemos que ser una prioridad para el Gobierno y apoyarnos para seguir construyendo una sociedad en la que nadie se queda atrás y cumple con sus compromisos internacionales, como son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 o la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas”, ha incidido Queiruga.
En este sentido, la FEP y COCEMFE solicitan al Gobierno que encuentre una solución que reduzca o evite dicho recorte y que permita impulsar la acción social imprescindible que desempeñan las organizaciones de personas con discapacidad física y orgánica a través de iniciativas dirigidas al fortalecimiento de sus entidades como organismos de representación de las personas con discapacidad, la mejora de la calidad de vida de este grupo social y la defensa del ejercicio de todos sus derechos.
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