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  • Con motivo del Día Nacional de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, la Federación Española de Párkinson reivindica la puesta en marcha del nuevo baremo de discapacidad, después de más 20 años sin modificarse
  • Lleva desde 2017 consensuado con el Gobierno y comunidades autónomas e incorpora mejoras para el reconocimiento de situaciones vinculadas a la discapacidad orgánica, como la fatiga o el dolor, enfermedades reumatológicas o neurológicas como el párkinson
  • La FEP, COCEMFE y su Movimiento Asociativo reclaman agilizar su aprobación definitiva para que las personas puedan acceder al sistema de derechos que trata de compensar la falta de igualdad de oportunidades y el sobrecoste que supone tener una discapacidad

Con motivo del Día Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que se celebra el próximo lunes, 3 de mayo, la FEP, COCEMFE y su Movimiento Asociativo reclaman la puesta en marcha del nuevo baremo de valoración del grado de discapacidad, ya que representa la puerta de acceso al sistema de derechos establecidos en nuestro país y lleva más de 20 años sin renovarse.

“Hace años que desde nuestro colectivo reclamamos la necesidad de incorporar el párkinson, y otras enfermedades crónicas, en los baremos de discapacidad. Las características, las fluctuaciones, y la variedad de síntomas de estas enfermedades hace necesario tenerlas en cuenta a la hora de evaluar la discapacidad de una persona”, explica Andrés Álvarez, presidente de la Federación Española de Párkinson.

“No podemos esperar más”, afirma el presidente de COCEMFE nacional, Anxo Queiruga, tras el anuncio por parte del IMSERSO esta semana de que el nuevo baremo se aprobará de forma definitiva en el año 2022. Según Queiruga, “es necesario y urgente que se agilicen todos los trámites para que el nuevo baremo se ponga en marcha lo antes posible”, el cual ha sido consensuado entre organizaciones, como COCEMFE, con el Gobierno y las comunidades autónomas.

El baremo del grado de discapacidad es la herramienta que ‘mide’ las dificultades que tiene una persona con una determinada enfermedad o condición para desenvolverse en la sociedad en igualdad de condiciones y le permite la entrada al sistema de derechos establecidos en España gracias a la obtención del certificado de discapacidad.

La FEP considera que el actual baremo se ha quedado obsoleto y los criterios que utiliza para valorar la discapacidad se han quedado desfasados, ya que hay situaciones y condiciones que no están siendo reconocidas y que afectan sobre todo a la discapacidad orgánica.

Concretamente, no obtener el certificado de discapacidad se traduce en falta de adaptación curricular en la educación, dificultades de acceso y mantenimiento del empleo, no poder acceder a plazas específicas para personas con discapacidad en las oposiciones, dificultades para acceder a ciertas prestaciones económicas, pérdida de amistades y relaciones por la dificultad de relacionarse con el entorno y la aparición de otro tipo de patologías por el no reconocimiento de ciertos síntomas provocados por patologías no incluidas en el baremo.

Por ello, el actual baremo no se adapta a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas puesto que su enfoque gira en torno al modelo médico-rehabilitador de la discapacidad, es decir, se centra en el individuo y sus limitaciones, sin considerar los efectos e interrelaciones entre el entorno social y la realidad biológica. El nuevo baremo supondrá su adaptación a la Convención, es decir, a un modelo de derechos humanos, al modelo social, contemplando la interacción de cada persona con su entorno y la prestación de apoyos personalizados.

Este documento incorpora mejoras para el reconocimiento de situaciones vinculadas a la discapacidad orgánica. Además, su implantación reduciría las desigualdades a nivel territorial. A pesar de que a juicio de la Federación Española de Párkinson el nuevo baremo no es ‘ideal’, es necesario que se ponga en marcha para avanzar, puesto que es un trabajo consensuado en 2017 por todas las partes y se han realizado pilotajes con resultados satisfactorios en diferentes territorios.

Las personas más vulnerables necesitamos respuestas más rápidas y ágiles de nuestras administraciones”, afirma Queiruga. Por ello, La FEP, COCEMFE y su Movimiento Asociativo reclaman a las diferentes administraciones implicadas en los últimos trámites para su aprobación definitiva, que agilicen todo el proceso y para que las personas tengan una valoración adecuada de su discapacidad, que les permita acceder a los derechos y beneficios que implica y que tratan de compensar la falta de igualdad de oportunidades y el sobrecoste de tener una discapacidad.

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